LaMesa Española de la Bicicletase ha pronunciadono hace mucho sobre los problemas de una mala regulación de los vehículos de movilidad personal (VMP). Ahora debe salir al paso de nuevo, ante la cascada de ordenanzas de movilidad que están en proyecto o ya aprobadas y que no van en la mejor dirección, como lo demuestra la accidentalidad causada por estos vehículos. La Mesa celebra que los ayuntamientos apuesten por una movilidad sostenible, pero esa política debería ser consecuente con sus principios.
Existe un problema previo, que es la confusión legal sobre la calificación de los vehículos de los VMP a motor, propiciada por una Instrucción de la DGT que es contraria a la normativa europea y que indujo a los ayuntamientos a regular de manera errónea la circulación de estos vehículos.
Sin embargo, existe también un problema de coherencia municipal en la organización de la movilidad. Bien está que se favorezca el uso de VMP eléctricos si con ello se desincentiva el uso del automóvil, pero la tendencia de las ordenanzas es encauzar este nuevo tráfico de los VMP por los carriles bici, perjudicando al único vehículo que desde siempre favorece la movilidad, la bicicleta. Con ello se inhibe su uso, tanto por dar aliento a quien se mueve en un VMP, como por crear situaciones de peligro para los ciclistas que antes no existían en los carriles bici. A la vez, se deja intacto el flujo de automóviles que teóricamente se quiere disminuir.
En consecuencia, la Mesa Española de la Bicicleta solicita a los ayuntamientos una vez más que regulen el tráfico de los VMP para que discurra por la calzada junto con los demás vehículos a motor y reserve los carriles bici para las bicicletas y sólo para los VMP que sean equiparables a las bicicletas eléctricas de pedaleo asistido (250 W y ayuda limitada a 25Km/h). Al mismo tiempo, para garantizar la seguridad de todos en las vías se solicita que de inmediato limiten la velocidad máxima en ciudad a 30 km/h en calles con un solo carril por sentido o en el carril de la derecha si existen varios en el mismo sentido.
La Mesa lamenta una vez más la pasividad de la DGT en la regulación de los VMP y que no haya aprovechado el reciente Real Decreto 1514/2018 que rebaja los límites máximos de velocidad en carreteras convencionales para incluir en él, con carácter general, la reducción de dichos límites en zona urbana. No obstante, queda en manos de los ayuntamientos poder decidir en particular esa reducción.